Defensores aplauden órdenes judiciales de liberar familias detenidas

WASHINGTON (CNS) — Un juez federal decretó el 24 de julio que el sistema gubernamental de detención de familias inmigrantes viola un acuerdo que data de 1997 sobre cómo son tratados los menores que estén bajo custodia de la agencia de inmigración.

Los defensores de las miles de familias detenidas en complejos operados por compañías carcelarias lucrativas elogiaron el decreto y dijeron que esto debería significar el fin de la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de encerrar familias mientras procuran asilo y otros tipos de protección contra la deportación.

La juez Dolly Gee, del Tribunal de Distrito del Centro de California encontró que ICE violó un acuerdo judicial logrado en 1997 al usar una estrategia promulgada el verano pasado de detener mujeres y sus hijos como disuasivo para otros que podrían intentar cruzar la frontera de Estados Unidos en México. Al gobierno de Obama se le dio hasta el 3 de agosto para responder oficialmente.

Los centros de detención han sido severamente criticados por abogados, miembros del Congreso y defensores tales como la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB). La USCCB y el Center for Migration Studies emitieron un informe mordaz en mayo basado en visitas de obispos a dos centros de detención de familias en Texas.

Este denunció las condiciones y recomendó desmantelar el sistema completo, reemplazándolo con formas menos drásticas de rastrear a los inmigrantes que estén esperando los resultados de sus casos legales.

Más de 55,000 familias estaban entre una oleada de inmigrantes centroamericanos cruzando la frontera Estados Unidos-México el verano pasado. Junto con 57,000 menores no acompañados, las familias estaban huyendo de la violencia y otros peligros en sus países de origen. ICE había cerrado en el 2009 otro centro de detención de familias en medio de fuerte crítica.

 

Pero este abrió nuevos centros y amplió uno que ya existía para detener mujeres y sus hijos. La capacidad actual es para más de 3,000 personas, principalmente en dos centros de detención en Texas, incluyendo uno construido específicamente para alojar 2,500 mujeres y niños.

Gee había emitido un decreto preliminar en mayo dejando ver sus intenciones de encontrar inaceptable el sistema de detención. En respuesta, ICE comenzó a liberar más familias bajo fianza y con sistemas de grilletes electrónicos de rastreo, pero cientos de familias todavía se encuentran en los centros.

La mayoría de las familias detenidas han cumplido con el primer obstáculo legal de solicitar asilo. Otras familias capturadas en la frontera son liberadas bajo fianza pendiente la adjudicación de sus intentos de que se les permita permanecer en el país. Pero algunas han estado detenidas en los centros durante más de un año.

En su orden del 24 de julio, Gee dijo que encontró “sorprendente que los acusados hayan promulgado una política que requiere una infraestructura tan costosa sin tener más evidencia que mostrar de que esta sería compatible con un acuerdo que ha estado en vigor durante casi 20 años o que sería eficaz logrando lo que los acusados esperaban que esta lograra”.

El acuerdo de 1997 en el caso Flores v. Reno estableció estándares para el trato de los jóvenes que fueran atrapados por la Patrulla Fronteriza.

Los menores de edad no acompañados recogidos durante la oleada del año pasado, por ejemplo, fueron colocados bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y colocados en un sistema de hogares sustitutos y situaciones similares sin detención mientras se hacían esfuerzos para unirlos con parientes.

Pero todo un conjunto de normas diferentes se ha aplicado a los niños que llegan con sus madres. Aquellos que llegan con sus padres normalmente son liberados juntos o separados y colocados en el sistema usado para los niños no acompañados, le han dicho a Catholic News Service algunos abogados.

Gee dijo que los niños que sean recogidos por la Patrulla Fronteriza mientras viajaban con sus madres deben ser tratados con el mismo nivel de atención con que se tratan los que llegan por su cuenta.

Gee le ordenó a la administración liberar a niños y padres a menos que haya “un significativo riesgo de huida o una amenaza para otros o para la seguridad nacional”. Ella también le ordenó a ICE formular estándares bajo los cuales los niños inmigrantes, incluyendo a los que están con sus padres, serán detenidos hasta bajo condiciones temporales.

El obispo auxiliar Eusebio L. Elizondo de Seattle, director del Comité Sobre Migración de la USCCB, acogió el decreto de Gee e instó a la administración a cumplir con ello prontamente.

“Apelar la decisión solamente prolongaría una política defectuosa e injusta de tratar como criminales a esta población vulnerable”, dice una declaración del 27 de julio del obispo Elizondo.

En una carta del 27 de julio a la directora de ICE, Sarah Saldaña, la Red Católica de Inmigración Legal y otras agencias de servicios legales para inmigrantes requirieron que ICE “dé cuentas de la cascada de violaciones al debido proceso y de las prácticas perjudiciales en el centro residencial familiar South Texas en Dilley, Texas, y en el centro residencial del condado Karnes en Karnes City, Texas”.

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